Afectados por detenciones

Van 18 dirigentes secuestrados por el régimen de Ortega

MANAGUA (EFE).— La ola de arrestos contra aspirantes presidenciales y líderes opositores en Nicaragua, a pocos meses de las elecciones generales, también afecta a los familiares de los detenidos y violan la Constitución, informaron ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“La incertidumbre y la agresión psicológica contra el pueblo nicaragüense, y especialmente contra familiares de los detenidos, es brutal”, señaló el Cenidh horas después del arresto del empresario periodístico Miguel Mora, el quinto aspirante a la Presidencia de Nicaragua por la oposición en ir a la cárcel, en una carrera electoral en la que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección.

La esposa de Mora, la periodista Verónica Chávez, relató que el arresto de su marido, ocurrido anteanoche, se dio cuando la pareja acomodaba en la cama a su hijo con discapacidad.

“Escuché un estruendo (…) y eran patadas que estaban pegándole a la puerta, entonces yo salí en carrera del cuarto y vi a Miguel gritándoles, diciendo: ¡Aquí estoy, no es necesaria la violencia!, y tratando de abrir, y ellos (policías) diciendo malas palabras, quebrando vidrios, quebrando todo, tirando la puerta”, dijo Verónica al medio local Artículo 66.

Según el Cenidh, “con la detención de Mora ya son 18 los dirigentes sociales, políticos y empresariales secuestrados por el régimen Ormu (Ortega Murillo)”, de los cuales uno fue liberado.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que repudió “el allanamiento y la detención violenta y arbitraria” de Mora, advirtió que las capturas de los líderes opositores ocurren al margen de la ley. “La detención de Miguel Mora, al igual que la de todos los presos políticos, tienen en común la inconstitucionalidad, porque según el Artículo 33 constitucional, las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente”, dijo el Colectivo.

El organismo agregó que “todos los secuestros violentan los derechos civiles y políticos: la libertad, presunción de inocencia, seguridad e integridad personal, a ser oídos, asistidos por abogados de su elección y a ser presentados en audiencia oral y pública, entre otros”.