¿Esclarecer el pasado?

“El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado”, escribió William Faulkner. A propósito de la consulta popular de ayer, 1 de agosto, la frase de Faulkner resulta problemática para Andrés Manuel López Obrador, un presidente particularmente obsesionado con la historia.

Recordemos la pregunta original de AMLO para la consulta: “¿Está de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

¿A qué presuntos delitos se refería AMLO? A la privatización de bienes públicos, a la adjudicación de deudas privadas a los mexicanos (Fobaproa), a la guerra contra el narcotráfico, a los grandes escándalos de corrupción como el caso Odebrecht. En general, a la corrupción y a las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y la crisis de inseguridad y violencia que hoy abate a México.

El gobierno de AMLO presume una ruptura total con el pasado. Se presenta como una “transformación”, la cuarta, que separa claramente al gobierno actual de los gobiernos corruptos del pasado, sobre todo del cercano pasado neoliberal. El problema es que, como nos recuerda Faulkner, el pasado nunca está muerto, y a pesar de que AMLO ha decretado el fin del neoliberalismo en México, en el gobierno actual encontramos diversas continuidades con los gobiernos anteriores.

Por ejemplo, la apuesta al crecimiento económico por medio del desarrollo de grandes obras de infraestructura o “megaproyectos” como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Otro ejemplo: no ha habido el cambio radical en materia de seguridad y, por el contrario, la militarización del país ha continuado. Para el crítico literario Rafael Lemus, estudioso del neoliberalismo, con el gobierno de AMLO “el neoliberalismo persiste, implacable, en el centro. Peor aún: se extiende y adquiere nuevas e inquietantes formas”.

No, el pasado no está muerto, y si bien al gobierno de AMLO —o, particularmente, a AMLO como persona— no se le han reclamado actos de corrupción —no así a otros elementos de su gobierno—, el México actual sigue siendo neoliberal y sigue una estrategia de seguridad y en contra de las drogas que sigue costando miles de vidas, sobre todo de jóvenes mexicanos.

Desde luego, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aceptaron la pregunta de AMLO tal como fue formulada originalmente y, con el objetivo de respetar la Constitución, la reformularon de una manera que muchas personas encontramos abierta, cuando no confusa. La pregunta que se consultó ayer fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Los críticos de la consulta no solo señalan el carácter cantinflesco de la pregunta, sino, sobre todo, dibujan una imagen en la que el presidente alienta a una masa irracional, iracunda, con hambre de linchar expresidentes. Algunas voces más moderadas insisten en que la investigación de comisión de delitos no debe consultarse (la Suprema Corte subrayó que esto no es materia de consulta). Otras, más críticas, acentúan que el problema de fondo es la impunidad del país (92% de los delitos cometidos en México ni siquiera se investiga). Las posiciones que simpatizan con AMLO encuentran en la consulta un acto inédito, histórico, de participación ciudadana, de democracia directa.

Es verdad, hasta hoy, no sabemos qué “acciones pertinentes” serían tomadas. Gracias a la pregunta inicial de AMLO, suponemos a qué “decisiones políticas” y “actores políticos” se refiere la pregunta de la consulta (grandes actos de corrupción, privatización de bienes públicos, expresidentes de Salinas a Peña). No es claro de qué posibles víctimas se refiere, ¿a quiénes perdieron su patrimonio debido a la crisis de 1995, a los familiares de desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico, a enfermos que no recibieron medicinas debido a la corrupción en el sistema de salud?

Al momento de escribir estas líneas desconozco el resultado de la consulta. Intuyo que no se alcanzará la votación necesaria (el 40% del padrón electoral) para que el resultado sea vinculante, es decir, obligatorio para las autoridades. Y, realmente, esto no me parece muy importante, porque esta consulta, a mi juicio, no es un asunto técnico, legal, sino de expresión política.

Y aunque algunos actores políticos se han mofado del ejercicio —Vicente Fox ha declarado que el 1 de agosto se sabrá “cuantos (sic) pendejos quedan en el país”—, yo rescato dos cosas. La primera es que diversos grupos ciudadanos se han organizado y han expresado su deseo de erradicar la impunidad. Desde quienes recolectaron firmas hasta quienes votaron ayer, la voluntad de que los delitos sean investigados y sancionados es de celebrarse en un país donde, reitero, 92% de los delitos no se investigan (y mucho menos se sancionan).

La segunda cosa que rescato es que, aunque AMLO ha subrayado que lo que se busca investigar y sancionar es, principalmente, la corrupción, diversas organizaciones, especialistas y activistas han aprovechado la coyuntura de la consulta popular para posicionar en la agenda pública el tema de la justicia transicional, es decir, de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación de daños y a la no repetición.

Desde luego, esta discusión no se agota al depositar el voto en una urna el 1 de agosto. Por el contrario, apenas comienza: ¿qué es lo que queremos esclarecer del pasado?, ¿la relación entre políticas neoliberales de privatización y mercantilización de bienes públicos con la desigualdad, la inseguridad y la violencia?, ¿graves violaciones de derechos humanos como las de Acteal, Tlatlaya, Ayotzinapa o Nochixtlán?, ¿la grave crisis ambiental que sufre México —y de la que AMLO poco habla— debido a las políticas neoliberales y neoextractivas?, ¿esclareceremos grandes procesos históricos o eventos históricos particulares?

Y, después de determinar qué queremos esclarecer, tendremos que definir las “acciones pertinentes”: ¿comisiones de la verdad, investigación asistida por organismos internacionales como la ONU o la CIDH, procesos de paz? Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, votó a favor de la constitucionalidad de la materia de la consulta argumentando que tiene un rol pacificador del conflicto y que la consulta ofrece la posibilidad de establecer una comisión de la verdad (y no necesariamente castigar a los actores políticos con penas de prisión).

Lo mejor de esta consulta popular es que ha sido una coyuntura para que miles de mexicanas y mexicanos expresen su repudio contra la impunidad y para que otros tantos exijan verdad, justicia, reparación de daños y no repetición para las víctimas. Pero hay que ser autocríticos y reconocer que estos problemas no son solo cosas del pasado, de un pasado muerto. Más bien, como afirmó Faulkner, el pasado ni siquiera es pasado.— Mérida, Yucatán