Poco se ha hecho

Un informe señala que en el estado se ha hecho poco combatir la tortura, una práctica vigente.

Aunque desde 2003 existe una ley para prevenir y sancionar la tortura en Yucatán, pocas son las acciones que se han establecido para atender los casos de esa práctica, cita el documento “La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad pública en Yucatán”.

De acuerdo con estadísticas que menciona el estudio, presentado el martes pasado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), de 2008 a 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió 106 recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por violaciones a derechos humanos.

No obstante, añade la asociación civil, existen dos graves problemas: el primero es que en las recomendaciones se utilizan eufemismos y las violaciones a derechos humanos no se nombran como deberían; por otro lado, no hay un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Adicionalmente, prosigue, existe un patrón de detenciones arbitrarias y tortura que no se ha atendido de manera suficiente.

Se subraya que estas prácticas no son exclusivas de la policía estatal, ya que se han documentado actos similares cometidos por policías municipales.

El análisis, que puede ser consultado en el sitio digital casede.org, señala que de la información disponible en las recomendaciones de la Codhey se desprenden 65 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias que se cometieron con violencia, 18 de detenciones ilegales y/o arbitrarias en las que se cometieron actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; dos casos de tortura y ocho de lesiones durante arrestos. Enseguida enfatiza: —En la descripción de los hechos se señala que en la mayoría de los casos se incomunica a las personas llevándolas a sitios remotos o abandonados, así como traslados largos entre municipios o a través del Anillo Periférico de Mérida.

—Asimismo, se documentaron amenazas de muerte o desaparición y la utilización de vehículos sin logotipos oficiales, detenciones a cargo de personas sin uniformes y la inmovilización con esposas, vendas, capuchas y otros elementos.

—Entre las prácticas comunes de tortura se encuentran la privación sensorial, golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas por largos períodos de tiempo.

—Por otro lado, se señala que constantemente se coaccionaba a las personas para dar información, aceptar su culpabilidad o inculpar a otras por la comisión de los delitos de robo, robo a casa habitación, narcomenudeo y violación sexual.

Quejas ciudadanas

Más adelante se dice que entre julio de 2011 y junio de 2013 la Codhey recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura, atribuidos a autoridades locales.

Sin embargo, según informes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, ninguna de estas denuncias derivó en una investigación formal y, menos aún, en la sanción (administrativa o penal) de los servidores públicos responsables de dichos ataques, todos los cuales forman parte de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad, se hace notar.

Recomendaciones

También se manifiesta lo siguiente:

—En 2018 se registraron 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la SSP por violaciones al derecho a la libertad personal, derivadas de detenciones ilegales y/o arbitrarias.

—En la gran mayoría se presentan, además, violaciones al derecho a la integridad personal como consecuencia de actos de tortura, así como de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

—Asimismo, en el marco de medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Codhey reportó durante los primeros meses de la pandemia 307 diligencias, once quejas iniciadas y 45 medidas cautelares por actuaciones ilegales y/o arbitrarias de autoridades municipales y de sus corporaciones policíacas en la aplicación de medidas en la contingencia en municipios como Umán, Progreso, Kanasín, Celestún y Mérida. Las mismas accio

nes utilizadas para “preservar la paz” se comenzaron a utilizar para evitar la propagación del virus.

—Tan solo en 2020 se registraron al menos 10 muertes de personas bajo la custodia del Estado (seis casos atribuibles a policías municipales y cuatro a la policía estatal).

—Aunque es innegable que existe un subregistro por parte de la Codhey, hay pocos datos públicos que documenten las detenciones arbitrarias. Durante 2020, esta dependencia recibió 153 quejas vinculadas con la privación ilegal y/o arbitraria de la libertad, de las cuales 89 correspondieron a la policía estatal y 64 a policías municipales de los ayuntamientos de Mérida, Kanasín, Progreso y Valladolid (Continuará).—