El autoritarismo

El 15 de diciembre de 1923, los sediciosos encabezados por Ricárdez Broca hicieron publicar un manifiesto dirigido “Al pueblo yucateco”, en el que expresaban lo siguiente:

“Seguros estamos de que en la conciencia del pueblo yucateco radica la convicción de que el poder público, desde el triunfo del llamado Partido Socialista, ha estado en manos de éste como si no hubiera vencido, en la lid electoral honrosa, a los partidos adversarios suyos, sino a los enemigos nacionales, y como si el Estado entero hubiera quedado arrollado a sus plantas”.

Los rebeldes acusaron a los directivos y gobernantes del Partido Socialista del Sureste de no haber ajustado sus actos de funcionarios públicos a reglas de conducta legal y patriótica; asimismo, les recriminaban que al haberse adueñado de la administración del Estado, lo habían llevado a la ruina política y económica, sometiendo a innumerables personas a múltiples vejámenes, atropellos y atentados por el sólo hecho de ser considerados como enemigos de la administración socialista.

Asimismo, les reprochaban estar trabajando en concierto con el gobierno federal para lograr la imposición del Gral. Calles como candidato presidencial, poniendo en el triunfo de la candidatura de éste “todas sus esperanzas de posesión ilimitada y absoluta de la administración local, y con esa posesión la satisfacción de todos sus apetitos, de todas sus concupiscencias”.

Los autores del manifiesto concluyen que, ante tales circunstancias, habían decidido asumir las riendas de la administración civil y del funcionamiento de los servicios públicos, señalando que con el conocimiento expreso del Jefe Supremo de la Revolución, Adolfo de la Huerta, “nuestro general, señor Juan Ricárdez Broca, queda designado Jefe Superior del Estado de Yucatán y se le confieren cuantos poderes sean necesarios para que, además de sus poderes necesarios y de su mando militar, organice el despacho de los negocios civiles, la administración de la justicia dentro de la más serena independencia, la administración de los municipios y la de todas las instituciones de que dependen la producción y la riqueza… dictando las órdenes, las disposiciones y las leyes que las necesidades públicas sugieran o demanden…”

Durante el gobierno militar de facto, el Gral. Ricárdez Broca concentró todos los poderes, socavando abruptamente el endeble orden constitucional que aún pre—————

(*) Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán valecía en las últimas semanas del gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Se erigió así en un régimen completamente autoritario y represor.

El 14 de diciembre de 1923 fue disuelto el Ayuntamiento Constitucional de Mérida, el cual fue sustituido por una Junta de Administración Civil designada por Ricárdez Broca, la cual estaba presidida por Benito Ruz y tenía como vocales a Pedro Alcocer, E. Murillo, A. Peniche, Aristarco Acereto y Max Vadillo, y como secretario a G. Molina Font.

Mediante el decreto No. 4 del 17 de diciembre del propio año, Ricárdez Broca suspendió la actuación de los Tribunales de Justicia, dejando sin efecto todos los juicios o procedimientos en curso, “hasta la fecha en que queden restablecidos los Tribunales de Justicia del Estado”.

Los Ayuntamientos del interior del Estado también fueron disueltos con celeridad, siendo sustituidos por Concejos Municipales designados por el gobernador y comandante militar Ricárdez Broca.

En su arremetida contra las estructuras políticas del anterior gobierno, el régimen militar, mediante el decreto número 6 del 22 de diciembre de 1923, proscribió y declaró “ilegítimas y fuera de toda protección legal a las Asociaciones, Sindicatos, Ligas y demás agrupaciones de cualquier clase que no funcionen dentro de los moldes que fijan los preceptos de la Constitución”.

El gobernador de facto alegaba que la Constitución de 1917 consagraba la libertad del trabajo individual, la cual había sido violentada al ejercer el Partido Socialista del Sureste una presión arbitraria y atentatoria para que todos se constituyeran en Ligas, “so pena de ser perseguidos en sus personas e intereses los que tal cosa no hicieran, quedando descalificados y repudiados en todos los centros de trabajo…”

De esa manera, se determinaba en dicho ordenamiento que cesaba el predominio que habían tenido las llamadas Ligas de Resistencia en su relación con las diversas entidades oficiales, y se garantizaba la libertad de trabajo y asociación para patrones y trabajadores.

La medida coactiva arriba mencionada fue complementada con el decreto número 9 del 31 de diciembre de 1923, mediante el cual se ordenaba la clausura de todos los centros de propaganda política-electoral que había en el Estado, a fin de evitar la constante reunión de núcleos populares.

Para tal efecto, se facultaba a la Inspección General de Policía para que realizara la clausura inmediata de los centros en cuestión.

Para terminar de suplantar a todos los demás poderes constituidos, el gobierno militar declaró nulas las elecciones de diputados al Congreso del Estado realizadas el 18 de noviembre de 1923, con miras a integrar la XXVIII Legislatura.

En dicho proceso habían sido electos Edesio y Elvia Carrillo Puerto, hermanos del derrocado gobernador FCP, así como la profesora Raquel Dzib, reconocida adherente del carrillismo.

El desconocimiento de aquellas elecciones lo hizo el régimen delahuertista mediante el decreto número 10 del 29 de diciembre de 1923, en el cual se alegaba que dichos comicios se habían llevado al cabo con irregularidades y notorias coacciones, perdiendo así legitimidad las personas que aparecieron favorecidas por el voto popular.

El citado ordenamiento también indicaba que los seis magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia —nombrados por el Congreso del Estado según la Constitución Política de la entidad—, cesaban en sus funciones y que serían sustituidos por quienes habría de nombrar el Gral. Ricárdez Broca. ( Continuará).— Mérida, Yucatán.