¿Derechos humanos en el tercer informe?

Dos informes de reciente aparición denuncian que la práctica de la tortura ejercida por cuerpos policíacos está muy lejos de ser erradicada en el país y el estado.

Las páginas del Diario han dado a conocer esta semana el anuncio del reporte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), detrás del cual están, entre otros investigadores, el reconocido analista de esos temas Sergio Aguayo Quesada.

Ayer, por su parte, la organización especializada que en el nombre lleva su esencia Human Rights Watch (HRW) presentó su informe 2021, donde, más allá de la preocupante alerta del retroceso democrático en varios países de América Latina, México incluido, aborda también el espinoso tema de la tortura en nuestro país, como una página que aún no logramos pasar.

El reporte de HRW sostiene que “las reformas de ley promulgadas en 2017 y 2018 han sido lentas e ineficaces para abordar la tortura y la impunidad”. Y agrega que espacios que se fueron ganando tras la caída de las dictaduras militares en la región, “como el fortalecimiento del Poder Judicial, la libertad de expresión, el papel activo de la sociedad civil, están retrocediendo”.

La tortura, triste certeza, es práctica de uso común en las dictaduras militares. Sobran los relatos de horror en Argentina, Uruguay, República Dominicana, Brasil, Chile… También lo fue en la dictadura perfecta que gobernaba en nuestro país, donde episodios aciagos como el 68, el halconazo o los muertos del río Tula fueron acompañados de horrorosas historias de tortura ejercida por el Estado mexicano.

Si pensábamos que en la actualidad solo el crimen organizado ejerce la tortura en nuestro país y las prácticas de esa índole de parte del Estado quedaron en el siglo XX, los dos reportes desmienten tales creencias.

En entregas previas en esta columna hemos expuesto casos de personas muertas a manos de la policía. Planteamos en octubre de 2020 el de José Santiago Medina Naal, “La Cuca”, un adulto discapacitado a quien se vio por última vez con vida al ser subido a una patrulla. Era, hasta ese momento, la cuarta persona que ese año perdía la vida después de caer en manos de la policía.

Al año siguiente ocurrió el caso más sonado y emblemático: José Eduardo Ravelo Echevarría denunció tortura policíaca y pocos días después murió. Aunque el dictamen de la Fiscalía General de la República señala que la causa del fallecimiento fue neumonía, la tortura no está descartada.

Esta semana, justamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictaminó que hubo graves violaciones a los derechos humanos de José Eduardo y emitió una recomendación para continuar las investigaciones de abusos.

Vivimos en un estado donde, si preguntamos a empresarios, académicos, políticos, gente del clero y población en general, qué ventajas tiene Yucatán, la seguridad aparecerá en primero o segundo lugar. ¡Bravo!

Pero a qué precio. El estudio de Casede expone que el precio que se paga por ello es la violación de los derechos humanos de muchas personas que incluso son sometidas a tortura.

Señala el estudio que el pregón en los discursos oficiales sobre el Estado seguro es una “narrativa que ha legitimado que las policías municipales y la estatal cometan violaciones a derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias, en favor de mantener la seguridad”.

¿Debemos estar de acuerdo con ello los yucatecos? ¿Consentimos que ese sea el precio que hay que pagar? ¿Acaso no hay opción? ¿O debemos, como sociedad, exigir la chuleta completa: mantener los niveles de seguridad sin atropellar los derechos humanos? Nos rehusamos a creer que sean incompatibles.

Confiamos en que un tema de tal trascendencia no pase inadvertido en el discurso que por su tercer informe dará mañana el gobernador Mauricio Vila. Es un buen momento para que dé a conocer avances en el tema del respeto a los derechos humanos para que, como sociedad, tengamos más elementos para saber qué estamos dispuestos a tolerar.

También esperamos que, con transparencia y apertura, se informe a la ciudadanía sobre los casos de “La Cuca”, José Eduardo y tantos más que tuvieron la mala fortuna de caer en manos de la policía del Estado más seguro.— Mérida, Yucatán.