Autorizan abrir el secreto bancario

Hacienda podrá pedir información sin aval del juez

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las autoridades hacendarias mexicanas soliciten información bancaria de los ciudadanos sin necesidad de contar con la autorización previa de un juez.

Los ministros indicaron que el secreto bancario, como parte del derecho a la vida privada, no es absoluto, por lo que la Secretaría de Hacienda o la Procuraduría Fiscal pueden solicitar información sobre las cuentas bancarias de las personas para verificar que exista un correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

“La norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, señala el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Los ministros indicaron que esta solicitud de información financiera por parte de autoridades fiscales, no implica una técnica de investigación relacionada con un proceso penal sino una actuación administrativa para fines de comprobación de pago de impuestos, por lo que no resulta arbitraria cuando está debidamente fundada y motivada. Con esta información, las autoridades hacendarias pueden acudir al Ministerio Público a denunciar, hechos probablemente constitutivos de delito.

El proyecto fue avalado por cuatro de los integrantes de la Sala, por lo que el criterio ya es obligatorio para jueces y magistrados del país.

En la ponencia de la ministra también está pendiente un amparo promovido por Moisés Mansur Cisneyros, empresario acusado de fraude fiscal por 12.4 millones de pesos y señalado por las autoridades como supuesto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En su demanda, Mansur reclamó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo acceso a sus datos bancarios sin previa orden de un juez y posteriormente fueron utilizados para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero.