Diario de Yucatan

Millonaria demanda

Empresa exige al gobierno federal $ 31 mil millones por el caso Calica El conflicto escaló por la clausura de cantera en Q. Roo

La compañía estadounidense Vulcan Materials Company, a la que pertenece la minera Calica en Quintana Roo, presentó un arbitraje internacional para reclamar al gobierno de México 1,529 millones de dólares (unos 31 mil millones de pesos), por los perjuicios que, asegura la empresa, ha tenido tras la clausura de la cantera a principios de este mes.

La firma Calizas Industriales del Carmen (Calica), que extrae miles de toneladas de piedra y opera la terminal marítima de Punta Venado, en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha sido objeto de ataques del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el conflicto legal con la empresa Vulcan empezó en la administración de Enrique Peña Nieto y escaló en la de López Obrador, con quien el pasado 5 de mayo la Semarnat clausuró la planta con un despliegue de 40 elementos de la Marina (Semar), alegando “probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.

El presidente del tribunal de arbitraje, el holandés Albert Jan van den Berg, decidirá si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en su caso, la sanción.

MÉXICO.— El gobierno federal afronta una millonaria demanda internacional interpuesta por la estadounidense Vulcan Materials Company, a la que pertenece la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, por la clausura de esa cantera a principios de este mes.

Vulcan Materials presentó un arbitraje internacional para reclamar al gobierno de México un pago de 1,529 millones de dólares (unos 31 mil millones de pesos) por los perjuicios ocasionados.

La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington, está prevista para el segundo semestre de este año. El presidente del tribunal, el holandés Albert Jan van den Berg, determinará si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Tlcan).

En caso de decidir que sí, el Ciadi establecerá el monto de la reparación.

En la demanda de arbitraje, presentada el 3 de diciembre de 2018 —dos días después de la toma de posesión de López Obrador—, Vulcan reclamó que, por razones “políticas” y con argucias legales, el gobierno federal clausuró sus operaciones de extracción de piedra caliza en El Corchalito.

Además, le prohibió operar en el predio de La Adelita, ambos adquiridos en 1996, lo que le causaba “pérdidas potenciales en cientos de millones de dólares”.

La transnacional también planteó un diferendo respecto al cobro de tarifas de la terminal marítima de Punta Venado —que construyó en los noventa—, y sostuvo que los gobiernos federal, estatal y municipal incumplieron con varios compromisos plasmados en un Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.

A principios de este mes el gobierno mexicano ordenó a Vulcan Materials Company cerrar las operaciones para la explotación de la cantera en Quintana Roo, a las que acusó de dañar al medio ambiente.

La firma, en respuesta, consideró que la disposición era “ilegal”.

“Alrededor de las 14 horas funcionarios del gobierno mexicano presentaron inesperadamente a los empleados locales de Vulcan Materials Company órdenes arbitrarias de cierre para cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria Sac Tun en Quintana Roo”, reportó ese mismo día la compañía.

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2022-05-17T07:00:00.0000000Z

2022-05-17T07:00:00.0000000Z

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