La apuesta presidencial

SERGIO AGUAYO QUEZADA ( * ) sergioaguayo

2022-05-18T07:00:00.0000000Z

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PAGINA EDITORIAL

Existe suficiente evidencia para asegurar que en la actual estrategia de seguridad, las fuerzas armadas federales tienen órdenes presidenciales de usar lo menos posible las armas en los encuentros con criminales. Empiezo con lo acontecido en Nueva Italia, Michoacán, el 10 de mayo. En un video que circuló ampliamente, se ven varias camionetas con civiles que persiguen y gritan amenazas a cinco vehículos con 35 elementos del Ejército. De acuerdo con la nota de El Universal, los civiles iban armados y estaban ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes causaron tanta conmoción en México y el extranjero que se ganaron un espacio en las mañaneras del 12 y 13 de mayo. El Presidente justificó el comportamiento militar por razones humanitarias: salvaguardar la vida de militares y criminales. El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval —quien es habitualmente parco— en esta ocasión se explayó en un relato con final feliz: los soldados no respondieron porque no hubo agresión armada y al día siguiente regresaron 512 elementos que destruyeron varios laboratorios clandestinos. Misión cumplida. Evadió el incómodo tema de la persecución con insultos de civiles armados que formaban parte del CJNG. ES CENARIO COMÚN Los hostigamientos, retenciones y amenazas están haciéndose comunes. En abril, un comando del Cártel de Sinaloa puso bocabajo y humilló a los soldados en Sinaloa; y en Marquelia, Guerrero, un vehículo de la Marina fue detenido por policías comunitarios; salvaron la vida por la intervención del presidente municipal. Complementa lo anterior la deliberada contención en el uso de la fuerza. El 21 de septiembre de 2021 compareció en el Senado la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. La acompañaban los secretarios de Defensa y Marina y el comandante de la Guardia Nacional. Tres senadoras señalaron la pasividad de la Guardia Nacional: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (PT, Zacatecas) denunció la inseguridad y preguntó “¿qué está haciendo la Guardia Nacional en Zacatecas?”; Claudia Edith Anaya Mota (PRI, Zacatecas) aseguró que la GN tiene “instrucción de arriba de no meterse”, y Lilly Téllez (PAN, Sonora) preguntó si la GN tiene la “orden de no hacer nada” para combatir al narco. El silencio ominoso de los militares y la secretaria fue una aceptación tácita de que, en efecto, tienen la orden de usar la fuerza lo menos posible. Una confirmación indirecta es la amnistía retórica que ha concedido el Presidente a los cárteles. El análisis de 40 mañaneras dedicadas al tema de seguridad entre enero de 2019 y abril de 2022 muestran que el Presidente jamás menciona el nombre de algún cártel. Cuando la pregunta de algún periodista lo obliga a responder, se ampara en el ambiguo término de “bandas de delincuentes”. En una comparecencia reconoció que era una omisión deliberada, pero no explicó las razones. Ofrezco una explicación. El Presidente quiere provocar lo menos posible a los cárteles porque quiere dar espacio a la piedra angular de su estrategia de seguridad: los programas sociales. Una y otra vez repite que su gobierno es diferente porque está construyendo paz yéndose “a las causas, a quitarles el semillero”. Complemento de lo anterior son los esfuerzos por controlar mejor fronteras y aduanas, destruir plantíos, incautar drogas, detener capos, contener el huachicol, etcétera. EN TELA DE JUICIO ¿Está teniendo éxito la apuesta presidencial? Nos falta información, particularmente sobre el impacto de los programas sociales en la reducción del delito (abordaré este ángulo en otra ocasión). Por ahora, la evidencia da para dos conclusiones: el gasto social ha contribuido a mantener altas la aprobación del Presidente y de Morena, pero aumentan los homicidios, las desapariciones rebasan las 100 mil y los cárteles actúan con más desparpajo porque no respetan a las fuerzas de seguridad. Suena insuficiente el mantra presidencial: en seguridad “ahí vamos, avanzando poco a poco”. Según la encuesta de Grupo Reforma (8 de mayo de 2022), el 62 por ciento de la población aprueba al Presidente, pero solo el 26% está de acuerdo con su política de seguridad. En el tiempo que le resta en el cargo, ¿se hará realidad el optimismo presidencial o la violencia barrerá con su popularidad? — Boston, Massachusetts ————— (*) Investigador y analista. Colaboraron en este artículo Dulce Alicia Torres Hernández, Erika Giselle Delgadillo Martínez y Vianey Gutiérrez Hernández

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