El difícil tránsito del INE al INEC

Ciudad de México EduardoRHuchim omnia08@gmail.com EDUARDO R. HUCHIM ( * ) » La actual es una iniciativa de reforma electoral atípica no solo por sus contenidos, sino por el hecho de que procede del Jefe del Estado Mexicano y no de la oposición, como otras

2022-05-18T07:00:00.0000000Z

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PAGINA EDITORIAL

La parte más trascendente de la iniciativa presidencial en materia electoral es la que abordé el 4 de mayo, sobre la integración del Poder Legislativo tanto en el ámbito federal como en el estatal y que implica la reducción de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la desaparición de los diputados de mayoría relativa, de los 300 distritos federales actuales y de las cinco circunscripciones en que se divide el territorio para la elección de diputados plurinominales. De aprobarse la iniciativa, todos los legisladores federales y locales serían de representación proporcional (RP). Si bien esa es la reforma más sustantiva, la que más ha captado la atención pública es la sustitución del actual Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), hecho que la oposición y buena parte de la comentocracia han caracterizado como un golpe a la democracia, un retroceso y un revanchismo contra dos consejeros. Las reformas de gran calado en las últimas tres décadas han incluido la sustitución del órgano electoral en funciones por uno nuevo, de tal suerte que la desaparición del INE y el surgimiento del INEC no sería algo extraño a las reformas político-electorales profundas, si bien la actual es una iniciativa atípica no sólo por sus contenidos, sino por el hecho de que procede del Jefe del Estado Mexicano y no de la oposición, como otras veces. Sin embargo, el hecho de que al tránsito INE-INEC se le perciba como agresión y represalia mueve a preguntar si no debería modificarse esa parte de la iniciativa presidencial, de tal manera que se eliminara la percepción de que el gobierno busca dañar la autonomía del órgano electoral, autonomía que, por supuesto, debe mantenerse porque así conviene a la democracia. Ha de tenerse presente, no obstante, que si prosperase la desaparición de los diputados de mayoría relativa, ello repercutiría necesariamente en el adelgazamiento del INE, porque no se requerirían oficinas distritales como ahora. Por otra parte, debería mantenerse, aunque se redujera su tamaño, el Servicio Profesional Electoral, responsable en buena medida del correcto desempeño de la función esencial del INE: la organización de las elecciones. Hay reconocimiento generalizado de que esta función es realizada con eficacia por el órgano electoral, por supuesto con la participación ejemplar de los ciudadanos que reciben y cuentan los votos de sus conciudadanos en las casillas. El INE tiene en su Servicio Profesional un valioso patrimonio que no debiera dilapidarse. La iniciativa presidencial posee contenidos tan relevantes que no merecen empantanarse a causa de desacuerdos sobre la integración del actual Consejo General del INE que, conforme a la propuesta, se disolvería para dar paso a siete consejeros (en vez de once) que serían elegidos por voto popular, igual que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me simpatiza que la elección de los consejeros sea por voto popular, a propuesta de los tres poderes federales, si bien antes de adoptar esta vía, tendría que determinarse cómo garantizar la idoneidad de los candidatos propuestos, en particular sus conocimientos en la materia comicial en sus diversas vertientes. Si no hubiera acuerdo en la elección por voto popular, convendría pensar en mantener la actual selección de candidatos a consejeros, quizá con una variante para descartar toda sospecha de cuotas partidarias que han pesado sobre prácticamente todas las designaciones de consejeros electorales. Esta variante podría ser que el último paso para elegir a los consejeros electorales fuera por insaculación. Respecto a los magistrados del Tribunal Electoral y ante el cúmulo de desencuentros internos y sospechas de comercio de sentencias, acaso la solución más adecuada sería instaurar una sala electoral en la Suprema Corte de Justicia, una posibilidad que no ha tenido simpatías entre los ministros. La oposición, por su parte, ha hecho propuestas alternativas que también merecen revisión. ¿Es ilusorio esperar que mediante el debate y la negociación pudiera aprobarse en el Congreso de la Unión una gran reforma electoral con aportaciones de todas las fuerzas políticas?

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