Llega con mucha lluvia

La onda tropical 23 deja inundaciones en Chetumal y afecta también a Progreso Hoy saldría al Golfo y cobraría fuerza de ciclón

Como se había pronosticado, la onda tropical número 23 de la temporada comenzó a afectar ayer la Península de Yucatán, con fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Quintana Roo.

En Progreso, las lluvias, la marea roja y las restricciones impuestas en la playa del malecón propiciaron un mal día de crucero, ya que pocos visitantes estuvieron en el principal puerto yucateco.

En la zona de Chetumal, las fuertes lluvias comenzaron durante la noche del miércoles y continuaron toda la mañana de ayer. Dejaron árboles caídos, calles inundadas e intransitables, autos varados y casas con agua en su interior. El mar de la Bahía de Chetumal se desbordó y en algunas calles el agua alcanzó más de medio metro de altura. Las autoridades llamaron a la gente a no salir a las calles.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. prevé que la onda tropical siga su trayectoria sobre el sur de la Península y hoy viernes salga por la Bahía de Campeche, donde ya en el Golfo de México se convertiría en el ciclón “Danielle”, el cuarto de la temporada.

La tormenta se podría fortalecer en las cálidas aguas del Golfo de México.

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La Comisión de la Verdad creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa dijo el el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que ocurría.

También reactivó la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida y anunció que México ofreció a Tomás Zerón, alto exfuncionario involucrado en el caso y que está prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos.

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río.

Tanto los informes de los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación—, como los datos ofrecidos por la actual fiscalía negaron la versión del basurero, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.

Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no solo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los jóvenes.

Agregó que el ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.

El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse y escoltaron ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que pudo ser tomado por error por los estudiantes.