Censura contra la CNDH

Desacuerdo con una impugnación del ombudsman

Organizaciones de la sociedad civil exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley yucateca que prohíbe a deudores alimenticios ser funcionarios públicos.

En rueda de prensa, en la que leyeron un pronunciamiento, integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) solicitaron al Senado de la República que, en caso de que Rosario Piedra no presente su renuncia, inicie un procedimiento para su destitución.

También solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán, para que personas que no cumplen sus obligaciones familiares no pueden ser funcionarios o candidatos.

En el encuentro con los medios, las activistas cuestionaron que la CNDH señale, sin argumento alguno, que los deudores alimenticios son discriminados al excluirlos para cargos de elección popular.—

Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) manifestaron su inconformidad contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ésta interpuso un recurso contra una ley yucateca que prohíbe que personas que no cumplen sus obligaciones familiares puedan ser funcionarios.

Según dijeron, la CNDH confunde el derecho al trabajo con la responsabilidad que significa ser representante del Estado, donde los requisitos de idoneidad los establece el Legislativo con base en el modo honesto de vivir como establece el Artículo 34 constitucional.

La CNDH ignora que además de Yucatán, en los estados de Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local no ser deudor de pensión alimenticia, agregaron.

Asimismo, dijeron que la CNDH desconoce, al parecer, que en el pasado proceso electoral el Consejo General del INE emitió los lineamientos de la declaración “3 de 3 contra la violencia”, a fin de garantizar que quien aspirara a una candidatura no sea agresor sexual, ni deudor de pensión alimenticia y no ser agresor de mujeres en los ámbitos público y privado.

El organismo nacional, añadieron, no puede ni debe estar al servicio de intereses personales disfrazados de una supuesta discriminación para legitimar la presencia en cargos públicos y de elección popular de hombres que violan la ley e incumplen con sus obligaciones como padres.

“La 3 de 3 será ley. Ningún deudor alimentario, ningún agresor, ningún acosador en el poder. Por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños de México”, exclamaron María Eugenia Núñez Zapata, Ligia Vera Gamboa, Sandra Quintal Peniche, Rita Farjat Vázquez, Rosalía López Castro y Lidia Laucirica Guanche, integrantes de la Amisy.

Tras informar que el pronunciamiento está respaldado 433 asociaciones, grupos y colectivos de todo el país, señalaron que el movimiento ha permeado tanto en el país que no comprenden cómo la CNDH olvida los derechos de la infancia para destacar el derecho de un violentador o deudor alimentario.

Además, señalaron que Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, es un obstáculo en el camino para la consecución de los derechos humanos.

“Tal parece que funciona como títere —recalcaron—, pero ya vamos a ir teniendo los nombres de quienes la mueven y son, cuando menos, tres hombres. Pero lo que importa es que una institución como la CNDH no puede ser rehén de personas sin escrúpulos y la vamos a rescatar”, dijeron.—